La derogación del Código de Justicia Militar fue convertida en ley por unanimidad de los senadores presentes. Hubo algunas objeciones menores. Es el fin de los tribunales especiales para los miembros de las Fuerzas Armadas.
Por Miguel Jorquera
“Eliminamos un fuero especial, donde los militares se juzgaban a sí mismos a través de un sistema anacrónico, arbitrario e injusto, donde no se respetaban las garantías del debido proceso. Es una oxigenación y un avance para el sistema democrático en la Argentina y saldamos una deuda con las Fuerzas Armadas.” La ministra de Defensa, Nilda Garré, no ocultó su satisfacción tras presenciar en el Senado el debate que derogó por unanimidad –aunque con algunas objeciones puntuales– el Código de Justicia Militar. Un proyecto que redactaron juristas, militares, organismos humanitarios y de derechos humanos y que terminó con los tribunales especiales, la pena de muerte y las sanciones a los militares por razones políticas, religiosas y sexuales.
Casi una hora después de lo previsto, a las 13.55, Pablo Marín abrió el debate sobre la derogación del Código de Justicia Militar (CJM), que tenía media sanción de Diputados. En el palco especial ya se había sentado Garré y una comitiva del Ministerio de Defensa, que promovió el proyecto oficial. “Establece la igualdad de derechos y garantías a todos los ciudadanos y equipara los estándares internacionales previstos en nuestra Constitución con la incorporación de múltiples tratados. Es una reforma que le debemos a la sociedad toda, porque no podemos hablar de militares a parte de la sociedad. Es un absurdo”, argumentó el peronista pampeano que preside la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
El proyecto oficial establece que los miembros de las Fuerzas Armadas deben someterse a la Justicia ordinaria ante cualquier delito contemplado en el Código Penal y que éstos puedan apelar las sanciones militares ante la Justicia Federal. La iniciativa también crea un “Procedimiento Penal Militar para tiempos de guerra y otros conflictos armados” y un nuevo código disciplinario para los miembros de las Fuerzas Armadas.
Todos los bloques opositores coincidieron en expresar su apoyo a la medida, pero manifestaron objeciones sobre algunos aspectos del proyecto. El primero en señalarlos fue el radical Luis Petcoff Naidenoff. El senador formoseño cuestionó el anexo 3 del proyecto que crea “instrucciones a la población civil para tiempos de guerra y otros conflictos armados, a través de bandos militares”. Consideró que esas cuestiones eran contrarias a la Ley de Defensa Nacional y señaló como “innecesaria” la incorporación al Código Penal del delito de “poner mano” de un superior militar a su subordinado, afirmando que se trata de un “problema disciplinario”, ya que la figura de lesiones, si las hubiera, ya están estipuladas.
La misma consideración hicieron otros partidos provinciales y el socialista Rubén Giustiniani, que también habló en nombre de la Coalición Cívica y el ARI fueguino. Giustiniani sumó a los cuestionamientos la “especificaciones y excepciones” en tiempos de guerras y otros conflictos armados, además del anexo 4 del proyecto, donde criticó las calificaciones de las faltas que establece el nuevo sistema disciplinario para las Fuerzas Armadas y afirmó que las mismas deben quedar en manos de la justicia ordinaria.
La kirchenrista Marita Perceval fue la encarga de salirle al cruce a los críticas. Perceval afirmó que las preocupaciones que expresaron algunos senadores también habían sido motivo de análisis en la Comisión de Defensa que preside. Aseguró que todas las definiciones sobre “guerra, hipótesis de conflictos y de conflictos armados” fueron tomadas de las conclusiones de la Cruz Roja Internacional y están establecidos en la propia Ley de Defensa de la Democracia. También descartó la convalidación de “obediencia debida”, que pudieran aludir los propios militares para esquivar posibles delitos, porque hay jurisprudencia sobre ese tema para todo el personal militar y de las fuerzas de seguridad para delitos de lesa humanidad.
A la hora de votar, el proyecto fue respaldado en general por unanimidad de los 60 senadores presentes en el recinto. Los cuestionamientos obligaron a votar los artículos objetados, a pesar que las críticas estaban asentadas, en la mayoría de los casos, sólo en algunos de sus incisos. Las diferencias no pusieron en riesgo el proyecto. Sólo el artículo 4 –que incluye las recomendaciones a civiles en tiempos de guerra– cosechó 20 votos en contra. Así, la reforma de la Justicia militar ya es ley
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