Bajo la inscripción "funcionario usurpante", proponen enmarcar los retratos de los oficiales de la dictadura militar
La iniciativa busca identificar con esta leyenda todos los cuadros y plaquetas de los funcionarios que trabajaron desde el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Ariel Basteiro del partido socialista es el autor del proyecto que avanza en la Cámara de Diputados.
Los retratos y plaquetas ubicados en dependencias oficiales pertenecientes a integrantes de la última dictadura militar llevarán debajo la inscripción de "funcionario usurpante", si se aprueba en el Congreso un proyecto que avanza en la Cámara de Diputados.
De acuerdo al proyecto, que recibió dictamen de la comisión de Derechos Humanos de la cámara baja, a los retratos de los funcionarios que se hayan desempeñado desde el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 se les adicionará la inscripción de "funcionario usurpante" junto al cargo que desempeñaron.
La iniciativa impulsada en 2004 por el diputado del PS, Ariel Basteiro, buscaba en principio el retiro de los retratos pero los legisladores acordaron modificar el proyecto original y, en lugar de sacarlos, propusieron demarcarlos e identificarlos como "funcionarios usurpantes".
Así como los óleos de Rafael Videla y Reinaldo Bignone lucían en la galería del Colegio Militar y el ex presidente Néstor Kirchner ordenó retirarlos "los retratos de los generales Horacio Liendo y LLamil Reston, del brigadier Julio Poncile y Héctor Villaveirán siguen exhibidos en la galería del Ministerio de Trabajo", sostienen los fundamentos.
Los trabajadores que, en democracia, deben acudir allí para defender sus derechos, "encuentran en un sitio preferencial las fotografías que rinden homenaje a los cuatro ministros que sirvieron a la dictadura, pisotearon la legislación laboral y fueron entregadores o cómplices", señala.
"La sociedad ya los juzgó. Sin embargo, los poderes Ejecutivos, Legislativo y Judicial aún no han revisado el paquete de leyes, decretos y disposiciones que les permitieron mantenerse impunes. Son criminales de lesa humanidad o cómplices de éstos últimos y así se los conoce en el mundo", afirma el texto.
Agrega que "todos los funcionarios, sin excepción alguna, que se desempeñaron entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 fueron penal o moralmente responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura".
En la reunión de la comisión, el oficialismo respaldó el proyecto pero la oposición encabezada por el diputado de la Coalición Cívica, Juan Carlos Vega, anticipó su rechazo, al argumentar que el "nuevo escenario político" abierto la semana pasada -en referencia a la votación del Senado- obliga a "rechazar la intolerancia".
Al exponer su postura, el legislador cuestionó además que se establezca como fecha el 24 de marzo de 1976 y no se tengan en cuenta los acontecimientos previos ocurridos "por lo menos dos años antes", a lo cual el oficialismo respondió que la intención era señalar a los funcionarios no electos democráticamente.
"Esta nueva sociedad, diputado, no se opone a que los usurpadores del poder sean señalados y castigados", respondió el legislador neuquino del Frente para la Victoria, Oscar Massei.
Más allá de ese debate, el oficialismo logró avanzar en el dictamen y el texto quedó en condiciones de ser tratado en el recinto en las próximas sesiones de la cámara de diputados.
Fuente: Los Andes On Line
